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4-12-02 
PRIMERA HOJA
Artículo central
 
Reciente Fallo de la Corte Suprema de Justicia
Sanciones de multa y clausura en el monotributo 
Se comenta el "leading-case" de nuestro Máximo Tribunal, en cuanto a la caracterización de la contravención que da origen a la clausura de establecimientos de los sujetos del Monotributo
 

La CSJN confirmó, en su fallo "Toso, Gabriel s/ apelación" del 03/10/2002, la Resolución de la Cámara Federal de Paraná, la cual, a su vez, ratificó la sentencia de primera instancia que con buen criterio revocó la resolución de la A.F.I.P., que imponía la sanción de multa y clausura a un contribuyente monotributista que no exhibió en lugar visible la placa identificatoria de pequeño contribuyente y el último pago del monotributo.
La ley 24977 crea un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, para los sujetos que cumplan con determinados montos de facturación, superficie utilizada, consumo eléctrico y otros requisitos, quienes deben abonar mensualmente una cuota fija que reemplaza a los impuestos a las ganancias y al valor agregado, y a los recursos de la seguridad social.
El citado régimen impone determinadas obligaciones formales. En su artículo 21 expresa que ´´los contribuyentes incluídos en el régimen simplificado deberán exhibir en sus establecimientos, en lugar visible al público, los siguientes elementos:
a) Placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente y de la categoría en la cual se encuentra inscripto en el régimen simplificado.
b) Comprobante de pago perteneciente al último mes del régimen simplificado.
A su vez, el artículo 22 de esta ley establece como régimen sancionatorio la aplicación de las disposiciones de la ley de procedimiento tributario, y en su inciso b ) dispone: "las sanciones establecidas en el artículo 44 (actual 40) serán aplicables a los pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado cuando incurran en los hechos u omisiones previstos en el mismo, o en algunos de los indicados a continuación:
No exhibiere en el lugar visible que determine la reglamentación, la placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente en la que conste la categoría en la cual se encuentra inscripto ¨o¨ la constancia de pago del Régimen Simplificado correspondiente al último mes". 
A su vez, el artículo 26 del Decreto Reglamentario (885/98) prescribe: "la exhibición de la placa indicativa y el comprobante de pago a que alude el punto II del inciso b) del artículo 22 del Anexo de la Ley, se considerarán inseparables a los efectos de dar cumplimiento al artículo 21 del Anexo indicado".
"La falta de exhibición de cualquiera de ellos, traerá aparejada la consumación de la infracción contemplada en el artículo 40 de la Ley 11683 (TO 1998). La constancia de pago a que hace referencia el indicado punto, es la correspondiente a la categoría en la cual el pequeño contribuyente debe estar categorizado, por lo que la constancia de pago de otra categoría incumple el aludido deber de exhibición". 
Recordemos que el artículo 40 de la ley de procedimiento tributario impone una multa de $ 300 a $ 30.000 y clausura de 3 a 10 días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, a quien se encuentre dentro de las situaciones previstas en dicho artículo y en el articulo 22 de la Ley 24977 que precedentemente enunciamos.
En síntesis, según lo establecido en el articulo 26 del Decreto 885, los contribuyentes adheridos al régimen simplificado que no exhiban la placa indicativa o el último pago, podrán ser sancionados con una multa y clausura de su establecimiento. 
¿Qué sucede en el caso en que un monotributista exhiba sólo la placa o el último pago o, en caso de no poder abonar en término sus impuestos, exhiba la placa identificatoria, y un pago que no corresponda al último mes vencido?
A la luz de la redacción de la norma legal, se puede interpretar que, a los efectos de encasillar en el tipo contravencional previsto en el articulo 22, no se debería exhibir ni la placa ni el último pago. Este razonamiento surge de la letra de la ley, pues al interpretar la frase con la conjunción ¨o¨, se deduce que si el contribuyente exhibe o la placa o el pago, queda fuera de esta sanción. Tal es así, que el Poder Ejecutivo tuvo que ´´aclararlo´´ en el decreto reglamentario, legislando en materia penal, cuestión que le está vedada por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Con un criterio acertado, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que revocó la sanción impuesta por la A.F.I.P. Para ello sostuvo que, según surge de dicho precepto, sólo existirá infracción cuando el contribuyente omita exhibir tanto la placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente como la constancia de pago del Régimen Simplificado (RS de ahora en más) correspondiente al último mes, situación que no se verifica en autos, puesto que el fisco constató que el encartado tenía a la vista la placa mencionada.
Agregó que la inseparabilidad de la exhibición conjunta de ambas constancias, exigida por el artículo 26 del Decreto 885/98, cuyo incumplimiento aparejaría la sanción prevista en el artículo 40 de la Ley 11683 (t.o. en 1998), importa el ejercicio de una facultad vedada al Poder Ejecutivo, toda vez que implica legislar sobre materia penal (art. 18 de la CN).
Esto significa que el razonamiento en cuanto a la redacción de la norma legal, coincide con el precedentemente expuesto, y a su vez entiende que el decreto estaría violando el principio de legalidad penal (artículo 18 de la CN), ya que nadie puede ser penado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Cabe destacar que este fallo deja sentado entre líneas la naturaleza penal de las sanciones tributarias, en este caso de clausura, criterio sostenido por el más alto tribunal en reiterada jurisprudencia (Ver Parafina del Plata SA CSJN 2/9/1968; Uzandizaga Perrone y Juliarena SRL CSJN 15/10/1981; Morillas Simón CSJN 8/6/1993).

OPINION DE LA A.F.I.P.
Como era de esperar, la A.F.I.P interpuso recurso extraordinario ante la C.S.J.N., alegando que la sentencia es arbitraria, en tanto constituye un apartamiento de la solución normativa aplicable al caso y que, además, reviste gravedad institucional, puesto que excede el mero interés de las partes. El procurador determinó como formalmente admisible el recurso interpuesto. 
La A.F.I.P. argumenta como cuestión de fondo lo siguiente: La norma del artículo 22, inciso b), apartado II, de la ley del RS, involucra dos infracciones distintas e independientes, por lo que el incumplimiento de una sola de las dos condiciones allí establecidas conlleva, indefectiblemente, la sanción prevista en el artículo 40 de la ley de procedimiento tributario.
En este sentido, dice que la interpretación realizada por la Cámara es errónea, toda vez que sólo se podría arribar a esa posición si el legislador hubiera optado por la conjunción copulativa "y", en lugar de la conjunción disyuntiva "o", en el apartado II antedicho.Expresa, por último, que lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto 885/98, en manera alguna modifica o amplía las disposiciones del artículo 22 del RS sino que, por el contrario, reitera lo dicho en él.
Es decir, concluye que la norma determina que, a los efectos de encasillar en el tipo punible, sólo es necesario omitir la exhibición de la placa identificatoria o el último pago, y que el decreto solo afirma lo que la ley dice.

OPINION DE LA C.S.J.N
El fallo de la Corte es por demás loable. En primer lugar, considera adecuado, en principio, dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el lenguaje común o bien el sentido más obvio al entendimiento común. Luego analiza el apartado II del inciso b) del artículo 22 y concluye que ´´el empleo de la conjunción disyuntiva ¨o¨ entre ambos términos determina que la exhibición de cualquiera de tales documentos excluye la conducta de la figura descripta en la norma". Es decir, se adhiere a la opinión de la Cámara Federal. 
En cuanto al juego armónico de los artículos 21 y 22 del plexo legal, la Corte opina que "lo cierto es que el legislador, al establecer las normas represivas en el artículo 22, no creó la aplicación de sanciones por el mero incumplimiento de la obligación establecida en aquél, sino que describió una figura infraccional acotada a los límites indicados en el considerando que antecede. Para corroborar los distintos alcances de una y otra norma basta con detenerse en la notoria diferencia del texto de ambas, que sería inexplicable si el sentido de la segunda fuese distinto del enunciado precedentemente. Que la interpretación expuesta no supone la existencia de contradicción alguna en el sistema de la ley pues el legislador puede válidamente establecer la obligación de exhibir dos comprobantes -uno que acredite la inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes y la categoría en la que reviste el titular del establecimiento y otro relativo al cumplimiento de la obligación de pago del tributo-, pero reservar la aplicación de las sanciones de clausura y multa a los supuestos en los cuales no se exhiba ninguno de ellos".
"En este orden de ideas, si se pondera la finalidad primordial de tales normas -consistente en facilitar el conocimiento por parte de los inspectores del organismo recaudador y del público en general del carácter de pequeño contribuyente incluido en el régimen simplificado del titular del establecimiento-, el legislador pudo considerar que aquélla se encuentra razonablemente satisfecha en lo esencial con la exhibición de cualquiera de tales documentos, con la consiguiente limitación de la tutela de las normas represivas. En concordancia con ello, debe señalarse que el artículo 40 de la Ley 11683 (t.o. en 1998) no sanciona con multa y clausura el incumplimiento de cualquier deber formal, sino sólo a los supuestos contemplados en él". 
El alto tribunal analiza la voluntad del legislador a los efectos de fundamentar la conjunción ¨o¨ dentro del texto normativo y concluye que la voluntad fue imponer al monotributista la obligatoriedad de exhibir la placa y el último pago, pero la sanción es sólo si no exhibe ninguno de los dos elementos, interpretando, además, que el propósito de la norma es facilitar el conocimiento a los inspectores de la A.F.I.P y del público en general, del carácter de pequeño contribuyente, y solo con uno de los requisitos quizás el legislador consideró satisfecha la pretensión; por lo tanto la sanción penal correspondería si no cumple con los dos requisitos.
Luego la Corte considera, que "sostener que la infracción podría configurarse con la omisión de exhibir uno solo de los comprobantes mencionados, llevaría a conclusiones inadmisibles. En efecto, en tal hipótesis debería reconocerse, o bien que la falta de exhibición de la constancia de pago correspondiente al último mes vencido del régimen simplificado determina por sí sola la aplicación de una sanción de naturaleza represiva como la clausura (en lo relativo al carácter de dicha sanción corresponde remitir a la causa "Lapiduz", Fallos: 321:1043) por la simple mora en el pago del tributo -lo cual resultaría desmedido e inadecuado al bien jurídico que mediante dicha sanción se pretende tutelar (Fallos: 314:1376, voto de la mayoría y disidencia parcial de los jueces Belluscio y Petracchi)- o bien, para evitar tal clase de reproches, debería afirmarse que la exigencia legal se cumple si se exhibe el comprobante correspondiente al último mes que hubiese sido efectivamente abonado -aunque haya otros posteriores vencidos e impagos- o que ella no alcanza a quien nada pagó, lo cual implicaría interpretar la norma en el sentido de que ella impone condiciones más rigurosas para quien ha cumplido oportunamente con sus obligaciones fiscales sustanciales que respecto de quien no lo ha hecho".Es decir consideró adecuadamente que la pretensión fiscal llevaría a sancionar penalmente la falta de pago, lo cual implicaría una pena por un bien jurídico que no es el tutelado por la norma. Por ello confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

CONCLUSIONES
El sentido de la conjunción ¨o¨, implica que el espíritu de la norma en cuestión es sancionar a quien no exhiba el último pago efectivamente realizado, sin importar si adeuda cuotas, pues el no pago del impuesto, a la luz de la legislación nacional y de los pactos internacionales, no podría arrojar la aplicación de una sanción penal. Imponer una sanción penal por la falta de pago de un impuesto es un verdadero despropósito, y tal como lo expresó acertadamente el señor procurador, implica proteger de manera espuria la recaudación de las rentas públicas, transgrediendo normas constitucionales y pactos de derechos humanos, civiles y políticos receptados con jerarquía constitucional por nuestra Carta Magna.
Por otra parte, el tipo contravencional se configura con la omisión conjunta de la exhibición de la placa indicativa y del comprobante del último pago realizado.
Por ello, cuando la situación consista alternativamente en no exhibir la constancia o el comprobante de pago (uno de los dos) no corresponderá la aplicación de la sanción de multa y clausura por falta del elemento objetivo del mismo. 

Adalberto R. Dalmasio
José I. Semachowicz
Esteban D. Semachowicz

  



 
Nueva ley a pedido del Fondo Monetario Internacional 
Como consecuencia de las exigencias del Fondo Monetario Internacional el Congreso de la Nación sancionó la Ley N 25.678, mediante la cual se incorpora un artículo agregado a continuación del artículo 113 de la Ley N 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). 
La citada Ley establece que, sin perjuicio de lo indicado en el primer párrafo del articulo 113 de la Ley de Procedimiento Tributario, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer nuevos regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la eximición total o parcial del capital, intereses y multas.
La norma sancionada deja constancia que, sus disposiciones regirán para los planes de regularización de deudas tributarias que se dicten a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
 



 
PENAL ECONOMICO 
R. (PGN) 127/2002 ( B.O. : 13/11/2002)
Procedimiento Fiscal.

Atribuciones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico como tribunal de apelación en materia penal tributaria. Funciones de la Fiscalía

Se dispone que la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico intervendrá ante dicha Alzada al entender ésta en los recursos y cuestiones de competencia que se planteen a partir de la puesta en funcionamiento de los Juzgados Nacionales en lo Penal Tributario. 
Recordamos que -a través de la acordada (CSJN) 34/2002- se estableció que corresponden a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico las atribuciones como tribunal de apelación en materia penal tributaria.
 



Legislación Destacada

 
R. (UIF) 2. 3 y 4/2002 ( B.O. : 29/10/2002)
Procedimiento Fiscal.
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Se aprueban las directivas sobre la reglamentación de los régimenes de información de los integrantes de los sectores "sistema financiero y cambiario", "los mercados de capitales" y "seguros".

RG (AFIP) 1375 ( B.O. : 19/11/2002) 
Procedimiento Fiscal.
Nuevo régimen de información sobre operaciones económicas entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos del exterior
Se implementa un régimen de información respecto de toda operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aun a título gratuito, concertada entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior. El comentado régimen deberá ser cumplido por los representantes de los sujetos del exterior y quienes intervengan en operaciones en calidad de prestadores de servicios, tales como escribanos, bancos, mercado de valores, compañías de seguros, casas de cambio, etc. La información a suministrar comprenderá períodos de cuatro meses calendario. Los representantes de los sujetos del exterior deberán empadronarse anta la AFIP desde el 2/12/2002 hasta el 20/12/2002. El régimen descripto resulta de aplicación de acuerdo con lo siguiente: a) Los representantes de sujetos del exterior: respecto de las operaciones efectuadas a partir del 1/1/2002, inclusive. 
Dicha información deberá presentarse desde el 1/3/2003 y hasta el 31/3/2003. b) Los prestadores de servicios intervinientes: respecto de las operaciones efectuadas a partir del 1/1/2003, inclusive

RG (AFIP) 1363 ( B.O. : 28/10/2002) 
Valor Agregado.
Compraventa de miel a granel. Nuevo régimen de retención
Se establece un régimen de retención para las operaciones de compraventa de miel a granel. Deben actuar como agentes de retención los adquirentes de miel a granel, y los acopiadores, cooperativas, consignatarios, y acopiadores-consignatarios que actúen como intermediarios en la comercialización de la misma. Las alícuotas aplicables a los distintos sujetos son las siguientes: * Responsables inscriptos: 6%, * Demás responsables: 10,5% Asimismo, se establece la obligatoriedad de utilizar determinados medios de pago para cancelar las operaciones comentadas, para que resulte procedente a los fines fiscales, el cómputo de las deducciones y el crédito fiscal. El régimen comentado es aplicable a las operaciones y los pagos que se realicen desde el 1/12/2002, inclusive.

D. 2239/2002 (BO: 7/11/2002)
Riesgos del trabajo.
Fondo de garantía. Cuotas omitidas. Plan de inclusión de empleadores (PIE).
Se aprueba el Plan de Inclusión de Empleadores (PIE), destinado a integrar al Régimen de Prevención y Cobertura de Riesgos del Trabajo de la ley 24557 y sus normas modificatorias, a todos los empleadores que adeuden sumas en concepto de cuota omitida al Fondo de Garantía previsto en el artículo 28, apartado 3, de la mencionada ley, incorporando en dicho ámbito de protección a sus trabajadores e intensificando las medidas de prevención en riesgos laborales.

RG (AFIP) 1371 ( B.O. : 13/11/2002)
Factura de crédito.
Exclusión de la cuenta corriente mercantil y de la cuenta simple o de gestión como medios autorizados de pagos. Adecuación de la normativa
Se adecua la normativa reglamentaria -RG (AFIP) 1344-, a raíz de la exclusión de la cuenta corriente mercantil y de la cuenta simple o de gestión como medios autorizados de pagos, a los fines de la no emisión de la factura de crédito.
  

D. 2317/2002 ( B.O. : 19/11/2002) RG (AFIP) 1377 ( B.O. : 20/11/2002) 
Procedimiento Fiscal.
Regímenes de consolidación de deudas y facilidades de pago por obligaciones vencidas al 30/9/2001 y las comprendidas en el período 1/10/2001 y el 31/1/2002. Excepciones para evitar la caducidad
No se producirá la caducidad de los planes de facilidades de pago otorgados en virtud de los regímenes de consolidación de deudas y facilidades de pago por obligaciones vencidas al 30/9/2001 -D. 1384/2001- y entre el 1/10/2001 y el 31/1/2002 -D. 338/2002-, siempre que se ingresen hasta el 20/12/2002 las cuotas o mensualidades adeudadas. Al respecto la Administración Federal de Ingresos Públicos fija los requisitos y condiciones para cancelar las cuotas de los planes de facilidades de pago caducos o no disponiendo que las mismas podrán regularizarse al contado o a través del régimen de asistencia financiera -RC (AFIP-INARSS) 1276-8-, de acuerdo con las condiciones establecidas por el mismo. El vencimiento del plazo fijado para regularizar la situación comentada opera el 20/12/2002.
  

D. 2312/2002 ( B.O. : 15/11/2002)
Valor Agregado.
Se reduce temporalmente la alícuota general del impuesto
Se reduce al 19% la alícuota general del impuesto al valor agregado, con vigencia para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 18/11/2002 hasta el 17/1/2003, inclusive. Consecuentemente, los hechos imponibles alcanzados a la alícuota diferencial del 50% se gravarán durante el período mencionado con la alícuota del 9,5%.
  

RG (AFIP) 1376 ( B.O. : 20/11/2002) 
Valor Agregado.
Reducción temporal de la alícuota general del gravamen al 19%. Adecuación de los porcentajes de los regímenes de retención y percepción
Se adecuan los porcentajes de los siguientes regímenes de retención y percepción, en virtud de la reducción -desde el 18/11/2002 hasta el 17/1/2003- de la alícuota general del gravamen al 19%: 
* Comercialización de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos-, legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-, caña de azúcar y algodón en bruto -RG (AFIP) 991-: 19%
* Operaciones de venta de caña de azúcar y algodón en bruto -RG (AFIP) 1121-: 19%
Régimen de percepción aplicable a las importaciones efectuadas por sujetos que no posean el "CVDI" -RG (AFIP) 591-: 18% o 9%, según corresponda..
  
 



Jurisprudencia calificada

VALOR AGREGADO
Crédito fiscal. Cómputo. Requisitos para su procedencia.
La contribuyente peticiona que en el supuesto de confirmarse la determinación, se incorpore el cómputo del crédito fiscal de IVA que corresponde a los insumos necesarios para producir los bienes cuya venta presuntamente se habría omitido.
La Sala D del TFN rechazó la pretensión. En efecto, sostiene que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley para hacer viable el derecho, ya que el art. 37 de la ley del impuesto establece la obligación de discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, cuando la misma se celebra entre responsables inscriptos y la de consignar los números de inscripción de ambas partes intervinientes. 
El derecho a computar crédito fiscal se encuentra condicionado, agrega, a que se haya generado débito en la etapa precedente, disponiendo el art. 41 que la falta de discriminación del tributo hará presumir sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, acarreando la consiguiente pérdida del derecho a computar el crédito fiscal en la etapa siguiente. 
Aclara el decisorio que en concordancia con ello, el organismo fiscal reglamentó la disposición legal, estableciendo los requisitos y pautas que deben contener los documentos que instrumenten las operaciones gravadas, a fin de efectuar el control de la recaudación fiscal, lo que descalifica cualquier intento de computar créditos fiscales sin el debido respaldo documental o basándose en suposiciones. 
IDIAMAR SRL - TFN - SALA D - 30/10/2002

PROCEDIMIENTO
Notificaciones. Modos de notificación contemplados en la ley.
La actora plantea la nulidad de la resolución por la que se determinó su obligación en el impuesto a las ganancias con sustento en defectos en su notificación. Explica que la notificación es falsa, y que el acto por el cual se le confirió la vista de las actuaciones no fue suscripto por ninguna persona que tuviera relación con ella. 
La Sala B del TFN rechazó el planteo. Así, el decisorio en comentario explica que de acuerdo con lo que establece el art. 100, inc. a) de la ley 11683 y de las constancias de autos, se deduce que el requisito esencial para la validez de la notificación se encuentra cumplido, ya que la diligencia fue realizada en el domicilio fiscal de la contribuyente, y que si bien la constancia de recepción fue suscripta por una persona que la actora aduce desconocer, la última parte de la norma indicada prescribe la validez de la diligencia aunque tal constancia aparezca suscripta por un tercero, destacándose que dicha advertencia fue la herramienta necesaria diseñada por el legislador para prevenir posibles maniobras de los contribuyentes tendientes a desacreditar o impugnar la validez de las notificaciones administrativas, evadiendo las consecuencias de los actos que se le pretenden comunicar, con sólo desconocer la identidad de la persona que la recibió. Asimismo, se aclara que la actora no desvirtuó la veracidad de la pieza acompañada, ni demostró la falsedad que alega.
AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE - TFN - SALA B - 5/11/2002

PROCEDIMIENTO
Defraudación fiscal. Retenciones efectuadas y no ingresadas. Circunstancias atenuantes. Reducción de la sanción al mínimo legal.
La actora apela la resolución que le impuso multa en virtud del artículo 48 de la ley 11683, equivalente a cuatro tantos del impuesto retenido. El Tribunal confirma la multa, aunque la reduce a su mínimo legal (2 tantos). 
Señala que si bien no existen motivos de excusación sino solamente afirmaciones sobre dificultades financieras de la actora y demoras en cobrar reintegros estatales, debe tenerse presente que la actora incluyó en las declaraciones juradas correspondientes las retenciones efectuadas y que además, de acuerdo con el legajo sumarial, no registra antecedentes, por lo que corresponde reducir la sanción aplicada a su mínimo.
PESQUERA DEL SUD SRL - TFN - SALA B - 1/10/2002

VALOR AGREGADO
Objeto del impuesto. Beneficiarios del exterior. Servicio de adaptación de un software llevado a cabo por una empresa del exterior.
Se consulta sobre el tratamiento que corresponde otorgar, en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las ganancias, a los servicios de adaptación de un software realizados por una empresa del exterior. 
En relación con el impuesto al valor agregado, el servicio consistente en la adaptación de un software realizado en el exterior, que será utilizado efectivamente en el país por un contribuyente que reviste la calidad de responsable inscripto en el gravamen, se encuentra alcanzado por el tributo conforme a lo normado por el artículo 1, inciso d), de la ley del gravamen (importación de servicios).
En cuanto al impuesto a las ganancias, los pagos por la adaptación citada realizada en el exterior no constituyen rentas de fuente argentina, ya que dicha prestación no participa del concepto asesoramiento a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 de la ley del tributo, no correspondiendo, por ende, efectuar la retención establecida por el Título V de la referida ley.
DICT. (DAT) 35/2002 - 27/3/2002

MONOTRIBUTO. PROCEDIMIENTO
Clausura. Causales. Exhibición de placa identificatoria o constancia de pago. Improcedencia de la sanción.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la sentencia del a quo que revocó la resolución de la AFIP que aplicó multa y clausura por tres días del local comercial del contribuyente, por infracción a lo dispuesto en el art. 22, inc. b), de la ley 24977. 
Se sostuvo que dicha norma considera infracción cuando el contribuyente omite exhibir tanto la placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente como la constancia de pago correspondiente al último mes del Régimen, situación no verificada en autos en tanto el Fisco constató que la placa se encontraba exhibida. El Ente Fiscal recurrió el decisorio con sustento en que la norma prevé dos infracciones distintas e independientes, por lo que el incumplimiento de una sola de las dos torna procedente la sanción.
El alto Tribunal confirmó la sentencia de la Cámara y sostuvo que para que exista infracción la norma requiere que se omita exhibir tanto la placa indicativa de la condición de pequeño contribuyente como la constancia de pago correspondiente al último mes, ya que el empleo de la conjunción disyuntiva "o" entre ambos términos determina que la exhibición de cualquiera de tales documentos excluye a la conducta de la figura descripta por la norma. Asimismo, se dijo que sancionar la falta de exhibición del comprobante correspondiente al último mes vencido implicaría sancionar con multa, la mora en el pago de un tributo. 
En ese contexto, se concluyó que el art. 26 del decreto 885/1998, que establece que la sanción es aplicable ante la falta de exhibición de cualquiera de ellos, extendió indebidamente un hecho punible en transgresión al principio contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional.
TOSO, GABRIEL ARMANDO S/APELACIÓN -CLAUSURA Y MULTA - CSJN - 3/10/2002

PROCEDIMIENTO
Verificación y fiscalización. Actas labradas durante la inspeccion. Naturaleza jurídica.
La actora redarguye de falsedad las actas suscriptas por la inspectora actuante y el socio gerente de la sociedad, durante el procedimiento de fiscalización.
En su decisorio, la sala C del Tribunal Fiscal de la Nación explica que las actas labradas durante la inspección en los términos del artículo 35 de la Ley 11.683. (t.o. en 1998) no son instrumentos públicos y cumplen la función de servir de prueba en los juicios respectivos, no habiéndoles conferido la ley un carácter especial como en otros supuestos (vgr. las actas de notificación), por lo que su valor probatorio puede ser desvirtuado por otros medios de prueba, sin necesidad de acudir a la redargución de falsedad, aplicable a los instrumentos públicos. 
Asimismo, agrega el artículo 396 del Código de rito que dicho incidente deberá promoverse dentro del término de diez días de realizada la impugnación, lo que no ocurrió en la especie.
LA ESPERANZA SCC -TFN- SALA C- 12/08/02

Autores: Judicial: María de los Ángeles Gadea, laura A. Guzmán y José Bianchi - Administrativa: Pascual Mazzitelli



 
 
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